La Cámara Alta aprobó y giró a Diputados la Ley de Ministerio Público Fiscal, por 42 votos a favor y 27 en contra.
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó y giró a Diputados, un proyecto que le introduce varios cambios a la Ley del Ministerio Público Fiscal, entre los que se destacan que la elección del jefe de los fiscales sea por mayoría absoluta de la Cámara Alta, en vez de por los dos tercios de los presentes, y establece una reducción del período de mandato a cinco años, reelegible por un lustro. La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 27 en contra, tras un debate de cinco horas.
El proyecto había sido presentado por el legislador Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia, con el fin de eliminar el mandato vitalicio del procurador General. En cambio, ejercerá por un plazo de cinco años, reelegible por un período más.
La reforma a la Procuración General de la Nación se llevará a cabo a partir de modificar la Ley del Ministerio Público, idea que surgió a partir de la imposibilidad del Gobierno de designar a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Dicha designación había quedada congelada en el Senado ante la falta de votos que precisaba el oficialismo. Como gesto de buena voluntad, Rafecas había indicado que retiraría su candidatura de ser aprobada esta reforma, aunque días atrás se mostró nuevamente a disposición para aceptar el puesto.
Desde Juntos por el Cambio criticaron con dureza la iniciativa porque consideraron que era una maniobra del Gobierno para poder tener a las fiscalías a su favor. Martín Lousteau, senador de la UCR, aseguró que “muchas de las cosas que se están incorporando en este proyecto fueron desestimadas y desaconsejadas por los expositores, unánimemente en algunos casos”. “Esto es el intento de nombrar a alguien y tener mayor control”, lanzó.
En caso de que la Cámara baja sancione la Ley, quedan modificados varios puntos con respecto a la Procuración General. En principio, la designación del procurador solo requerirá de una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que funciona actualmente (son 48 votos si están todos presentes). Además, se elimina el mandato vitalicio del procurador y se acota a cinco años, con una única posibilidad de reelección sujeta a propuesta del Poder Ejecutivo.
